Organismos de Derechos Humanos exigen justicia tras el crimen de la madre de Fernando Albareda

Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de Córdoba expresaron su más profunda preocupación tras el asesinato de Susana Beatriz Montoya, ocurrido el sábado. Montoya era esposa del subcomisario y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Ricardo Fermín Albareda, quien fue torturado y desaparecido durante la Dictadura Cívico-Militar iniciada en 1976. Este crimen también conmocionó a las altas esferas de la política y la justicia de Córdoba, ya que Montoya era madre de Fernando Albareda, militante de HIJOS Córdoba.

Desde diciembre del año pasado, con el cambio de gobierno y la llegada al poder de Javier Milei junto con el discurso procesista de la vicepresidenta, Fernando Albareda había sido víctima de amenazas y amedrentamiento, incluyendo la aparición de carteles con simbología nazi en su vivienda.

Según la información trascendida, el caso no parece ser un mero robo, ya que en una de las paredes de la vivienda se dejó una inscripción intimidante: "Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía". Esta frase, escrita en rojo aparentemente con lápiz labial, indica un posible móvil diferente. Sin embargo, las autoridades prefieren la cautela y esperan los resultados de la autopsia y las primeras conclusiones. "No se descarta nada", es la frase escueta que obtura cualquier especulación. Se informó que la puerta de la vivienda no estaba forzada. La causa recayó en la Fiscalía del Distrito 4, Turno 3, a cargo de Juan Pablo Klinger.

Montoya, de 76 años, vivía en un barrio de la zona norte de la capital y no contaba con custodia policial. Su cuerpo fue hallado en el patio de su casa con un fuerte golpe en la cabeza. Fue Fernando Albareda quien dio aviso a la policía tras encontrar a su madre al llegar a su casa, luego de que ella no respondiera a sus continuos llamados.

Desde la Mesa de Trabajo de los Derechos Humanos de Córdoba se guarda especial cautela y respeto hacia la familia tras el asesinato de Montoya. Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento oficial. Las amenazas y las particularidades del episodio han encendido las alarmas, denotando una extrema preocupación por el crimen.

En la Casa de Gobierno de Córdoba, conocida como el Panal, también se guarda cautela, esperando el desarrollo de la investigación antes de emitir una postura. En diciembre de 2023, tras conocerse las amenazas a Albareda, el gobernador Martín Llayora mostró un enérgico repudio al episodio.

Quienes se pronunciaron sobre el asesinato fueron los diputados nacionales Gabriela Estevez y Pablo Carro, de Unión por la Patria. “Asesinaron a la madre de un hijo de desaparecidos que había recibido amenazas de muerte en diciembre del año pasado en Córdoba. Exigimos el esclarecimiento inmediato de este hecho”, escribió Estevez en su cuenta de la red X. Carro añadió: “El negacionismo y el horror de un tiempo que no puede repetirse. Tras meses de amenazas, asesinaron a Susana Montoya, esposa de Ricardo Albareda, desaparecido en la última dictadura, mamá de Fernando Albareda. Junto a su familia, exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho”.

"Los discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad son el peligro latente cuando verdaderamente pasan a la acción", manifestaron desde los organismos de DDHH de Córdoba en un comunicado conjunto.

En diciembre, Albareda se encontró con carteles intimidatorios en la puerta de su casa que decían: “Se te terminaron los amigos en la Policía.” “Te vamos a juntar con tu papito.” “Vas a morir”. Estos mensajes, escritos en fibra negra junto a cruces esvásticas y seis balas de calibre 22 largo, incrementaron su preocupación. En declaraciones a distintos medios locales, Albareda dijo que recibe amenazas todos los meses, aunque hacía tiempo que no involucraban a su familia de manera directa. En aquel momento, consultado por Página/12, vinculó el episodio a la llegada del negacionismo al poder. “Las amenazas que solían llegar antes siempre las recibía yo, papelitos en el auto, notas por debajo de la puerta, llamadas a mi teléfono. Incluso a las llamadas las respondía de vez en cuando con puteadas”, subrayó.

Albareda convivió con aquellas intimidaciones durante la instrucción de la causa que investigó el secuestro y desaparición de su padre y, especialmente, durante el juicio oral en el que fueron condenados el genocida Luciano Benjamín Menéndez y los policías retirados Rodolfo Campos, Armando Cejas y Hugo Britos, todos ex miembros del D2. “Nos metimos en el nido de víboras de la Policía de Córdoba, el temible D2”, afirmó en diálogo con Página/12.

El accionar de la patota del D2 está reseñado en *La Sombra Azul*, del periodista Mariano Saravia, mientras que la historia del secuestro y tortura de Fermín Albareda se detalla en el libro *Putas y guerrilleras*, de Miriam Lewin y Olga Wornat.