Política
Alianzas peligrosas

Genocidas le entregaron un proyecto de decreto a diputados de Milei para quedar en libertad

En su visita al penal de Ezeiza, los represores esperaron a los legisladores de La Libertad Avanza con propuestas para irse a sus casas.

Juan Manuel Villarreal
02/08/2024
Genocidas le entregaron un proyecto de decreto a diputados de Milei para quedar en libertad

Aquel 11 de julio en el penal de Ezeiza, la visita de diputados libertarios a Alfredo Astiz y otros represores escondía un intercambio de iniciativas para frenar las causas por lesa humanidad y acelerar el proceso para que los condenados obtengan libertad condicional.

Los represores que están presos en Buenos Aires están alojados en dos unidades penitenciarias: la 31, de Ezeiza y la 34, de Campo de Mayo. Desde que asumieron Javier Milei y Victoria Villarruel, estos dos lugares se convirtieron en destinos frecuentes para diputados y funcionarios.

El 7 de marzo pasado, el ministro de Defensa, Luis Petri, envió a dos de sus hombres a Campo de Mayo: el subsecretario Guillermo Madero y el director nacional de Derechos Humanos Lucas Erbes. Ambos regresaron, tal como reveló este diario, con un proyecto de decreto para hacer que las causas que están en trámite se caigan.

Pero la iniciativa no se quedó guardada en un cajón del Edificio Libertador. Circula entre los legisladores de LLA. La iniciativa es básicamente igual, solo que en la última versión se suprimió un artículo que ordenaba crear un observatorio sobre causas judiciales en el Ministerio de Justicia.

El proyecto de decreto se centra en lo que se denomina el plazo razonable para la tramitación de las causas. Si bien no hace una específica mención a los expedientes de lesa humanidad, tendría un impacto directo en estos. Dice que el Estado tiene un plazo máximo de 25 años para arribar a una sentencia definitiva frente a un delito. Ese plazo empieza a regir desde que se cometió el ilícito y puede suspenderse si hay una interrupción en la vida democrática. No se extiende a quienes están prófugos.

Astiz, por ejemplo, se infiltró en el incipiente movimiento de derechos humanos en 1977. Se hacía llamar Gustavo Niño y simulaba ser el hermano de un desaparecido. Entre el 8 y el 10 de diciembre de ese año, fue responsable del secuestro de doce personas que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz –entre las que se contaban tres Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas. Si se tomara desde la fecha del ilícito, el Estado hubiese tenido que abandonar sus ansias de juzgar a Astiz en 2002. Si se tomara desde el reinicio de la democracia, la fecha se extendería hasta 2008. Para entonces, el marino no tenía ninguna condena. Recién fue condenado por primera vez en 2011.

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Dentro de la comitiva que fue a Ezeiza a verse con Astiz, hay dos diputadas díscolas o decididas a salvar su pellejo: Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta. Ambas relataron que durante la amable charla con Astiz y compañía, los diputados recibieron un proyecto por parte de los genocidas. Según Bonacci se trataba de una iniciativa para lograr la prisión domiciliaria de los mayores de 70 años. 

“Tengo entendido que estaba haciendo un proyecto él con algunos asesores. No sé si había algunos diputados más involucrados”, dijo Arrieta en una entrevista sobre Benedit.

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