UNMa en Crisis: La resistencia de la comunidad universitaria frente a la intervención del Gobierno de Milei

La Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa) se enfrenta a una crisis tras la decisión del gobierno de Javier Milei de intervenir en su gestión. Las Madres de Plaza de Mayo convocaron a la comunidad y a la militancia a una jornada de defensa de la autonomía universitaria, en rechazo a esta intervención. 

La situación se agrava día a día por el desfinanciamiento que la universidad ha sufrido durante los últimos siete meses, y la reciente decisión judicial que rechazó la cautelar iniciada por la UNMa para solicitar al Ministerio de Capital Humano el cese de la retención de fondos.

Para profundizar en la situación actual de la universidad y sus perspectivas futuras, Gustavo Pons, Vicerrector Académico de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo dialagó con Darás que Hablar, en Radio La Plata. 

"Recordemos que esta es una Universidad fundada por las Madres de Plaza de Mayo, allá por el 2000; que en el 2014 se convirtió en Instituto Universitario de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo y ahí comienza a ser una institución universitaria nacional pública, y en noviembre de 2023 ya se había convertido en Universidad Nacional, reconocida con pleno status, como el resto de las 61 otras universidades, junto con otras como la de Pilar, Delta, Ezeiza y la de Río Tercero", explicó Pons. "En ese contexto se normaliza, se logran cumplir los pasos necesarios para llegar a una autonomía plena, donde los claustros eligen sus representantes, autoridades, y esto sucedió en diciembre".

Pons detalló los desafíos enfrentados por la universidad desde la asunción del nuevo gobierno: "A partir del 11 de diciembre, con la asunción del Gobierno de Milei empieza una persecución que se va generando a través de estos pasos: Primero, la universidad durante el 2023 no ha recibido ni un solo peso del presupuesto, presupuesto que obvio es del 2023 porque no se hizo presupuesto 2024, sino que se recondujo el del año anterior; pero de ese presupuesto que le correspondía a la Universidad no fue asignada una sola partida, ni un solo peso. Así como todo el sistema universitario sufre durante este año este recorte por inflación y tal, la Universidad de las Madres no ha recibido ni un solo peso".

En febrero, la situación se agravó con la emisión de la resolución 45: "En febrero surge la resolución 45 de Sandra Pettovello, que pone en revisión la dirección de estas cinco universidades que mencioné. Manifiesta algo así como 'poner en revisión la creación por el poder legislativo' porque han sido las dos cámaras que han votado en una diversidad política importante; porque 'educación superior, de calidad y accesible' es un consenso general en la sociedad, o al menos parecía que lo era".

PUBLICIDAD

La universidad respondió judicializando el asunto: "Nosotros obviamente judicializamos, porque hablamos de 2300 estudiantes, 230 docentes que no cobran su salario desde hace siete meses; 60 trabajadores que no reciben sus cargas sociales por lo cual, por ejemplo, no tienen cobertura de obra social. Es una situación dramática. El gran problema es que nunca hubo respuesta. Se agotaron las vías administrativas, se pidieron reuniones, pasamos notas por el sistema y somos sistemáticamente archivados. Se nos ha negado la palabra, hemos sido maltratados en las reuniones del CIN de parte de Alejandro Álvarez, Subsecretario de Políticas Universitarias".

La situación judicial también ha sido compleja y cargada de obstáculos: "Después de litigar durante cuatro meses llega para dictar sentencia, cae la feria, pedimos habilitación por la situación urgente y que se trate de todos modos por el juez de feria; de repente Capital Humano recusa, que es simplemente manifestar un 'no quiero que este Magistrado resuelva esta causa', lo hicieron, se lo concedieron y el caso cae en el juzgado de Pablo Cayssials, que quienes conocen los pasillos de Tribunales saben que es uno de los Magistrados acusado de aquel consenso de Lago Escondido, que ya había resuelto en contra de la Universidad Nacional de La Plata, declarando inconstitucional la Ley de Educación Superior por garantizar el libre acceso, diciendo que eso avasallaba la autonomía universitaria".

La intervención del gobierno se formalizó rápidamente: "El mismo día que nosotros solicitamos la habilitación de feria, iniciaron un expediente en Capital Humano. ¿Cómo termina ese expediente? Con la designación de un interventor, y este será un capítulo más en donde aparece la mezcla entre la intervención político/judicial. Hasta acá esa es la respuesta que obtuvimos, obviamente apelamos, y seguiremos con las instancias posteriores, del mismo modo que será recurrida esta intervención que es ilegal, avasalla la autonomía universitaria, se carga con 100 años de recorrido de autonomía universitaria, garantizada por la Constitución Nacional, algo que parece no moverle la perilla a este Gobierno Nacional".

A pesar de la gravedad de la situación, la comunidad universitaria se mantiene firme en su resistencia: "La situación es esta: El Consejo Superior, que es el órgano máximo de cualquier Universidad normalizada en el ejercicio de su autonomía, dispuso continuar la gestión en cabeza de Cristina Camaño y garantizar la continuidad de las trayectorias académicas, ya introducidas en el proyecto de vida de 2300 personas. Por ahora el objetivo es garantizar esa continuidad porque conocemos nuestros proyectos. Al día de hoy, a la sede no se ha presentado el designado Eduardo Maurizzio, tampoco hemos sido notificados de manera fehaciente como se debe emitir en modo administrativo, o publicado en el Boletín Oficial. Eso no ha sido cumplido de ninguna manera".

El Vicerrector Pons destacó la naturaleza única de la universidad y la importancia de su misión: "El ataque es claro por muchos motivos que también tienen que ver con que es la única universidad en América que tiene enclavada todas sus carreras en la defensa del ejercicio efectivo de los derechos humanos, y esa es una agenda que resulta disruptiva en un Poder Ejecutivo".

Además, resaltó la resiliencia y compromiso de la comunidad universitaria: "Fijate este hecho superlativo. Siete meses, trabajadores y trabajadoras sin percibir su salario, sin tener seguro, obra social, en el peor escenario, y se sostuvieron todas las trayectorias pedagógicas. No hubo un solo curso de cinco carreras universitarias que no haya sido dictado y eso también habla de la identidad de la Universidad, no parece verosímil".

Finalmente, Pons enfatizó las acciones de resistencia y el apoyo recibido: "Por lo pronto, hay dos intervenciones directas que van desde lo institucional y dispuestas por el Consejo Superior que es continuar y garantizar la gestión, la continuidad y la apertura de los cursos, un acto fundamental de resistencia ante esta situación. Luego lo que se vincula a las estrategias judiciales que comenzaron esta semana. Por otro lado, hay mucha preocupación en el estudiantado, y toda la comunidad permanece abroquelada en la sede para proteger el espacio físico pero más que el espacio físico, sino la continuidad del proyecto".

"Sabemos que hay un apoyo incondicional de las gremiales y esto hay que destacarlo, tanto de CONADU como FATUN y los sindicatos de base que forman a la universidad están en un modo activo y en defensa del espacio y sus trabajadores. Ahí hay una unión que entusiasma y llena de ilusión para lo que viene. Además sumamos a todas las actividades a las que el Sistema Universitario en general está planificando para a partir de la semana que viene. A medida que se van reanudando las actividades hay un plan de lucha que acompañaremos desde lo institucional".

La comunidad universitaria, liderada por sus autoridades y con el apoyo de la sociedad, se prepara para enfrentar este nuevo desafío, en defensa de su autonomía y misión educativa.