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Sancionaron por $194 millones a la empresa que recopilaba datos biométricos

El gobierno bonaerense penalizó a la empresa Worldcoin por sus cláusulas abusivas y por no cumplir con el derecho a la información. La misma había sido señalada a principios de año por escanear los iris de personas a cambio de un pago.

Carola Molina
24/07/2024
Sancionaron por $194 millones a la empresa que recopilaba datos biométricos

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires dispuso una multa de 194 millones de pesos a la empresa Worldcoin Foundation, del mismo CEO de Open AI, conocida por ofrecer pagos a cambio del escaneo de datos biométricos sin ofrecer los motivos para el almacenamiento ni información verificable sobre el destino de los datos.

La penalización se justificó en una investigación desarrollada por el organismo provincial en la que determinaron que incluían cláusulas abusivas en los contratos de adhesión y que, además, se presentaban inconsistencias entre lo comunicado por la empresa y la información de los documentos.

"Por un lado responden que se mantienen en el Orb y se destruyen y por otro lado en el contrato son almacenados a otros países. Siguen sin respondernos donde son almacenados los datos biométricos personales de los bonaerenses" explicó el subsecretario de Desarrollo Comercial, Ariel Aguilar.

Desde el Gobierno bonaerense indicaron que tampoco habían registros ni controles adecuados para escanear el iris y los rostros de las personas, ya que "la empresa no solicitaba acreditación de identidad ni exhibía señalizaciones que indiquen que el requisito mínimo de edad para acceder al servicio es de 18 años, lo que implicaría el escaneo de datos personales sensibles de menores de edad".

Además, Worldcoin se reservaba el derecho a interrumpir el servicio "sin ningún tipo de reparación ni reembolso", instando a los usuarios "a renunciar a reclamos colectivos". Los contratos indicaban que la normativa aplicable, para residentes en la Argentina, sean leyes extranjeras de Islas Caimán, y que las disputas entre partes serían resueltas en California, Estados Unidos, ambas disposiciones prohibidas por el Código Civil y Comercial de la Nación.

"La complejidad de estos contratos, lo novedoso de la operatoria desplegada, el bien jurídico que está en juego y la falta de información, impiden comprender clara y plenamente las reglas y el funcionamiento de toda esta operatoria" detalló Aguilar.

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Vale retomar que la actividad de la empresa entró en la mira de las autoridades bonaerenses a principios de este año ante la falta de explicaciones sobre el escaneo de datos biométricos a cambio de criptomonedas para una base de datos privada. También fue cuestionada por implementar escaneos masivos en países con urgencias económicas, de forma que la oferta sea más atractiva para quienes necesitan del dinero.

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