Piden expulsar a los seis diputados libertarios que visitaron a genocidas de la última dictadura
Organismos de Derechos Humanos firmaron una solicitud de remoción del cargo para los funcionarios libertarios que visitaron a condenados por crímenes de lesa humanidad. Los diputados fueron señalados por "inhabilidad moral" y por utilizar una camioneta del Gobierno.
Tras la visita de seis diputados oficialistas al penal de Ezeiza para reunirse con figuras genocidas de la útima dictadura nacional, varios organismos de Derechos Humanos sumaron sus firmas para exigir al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, la remoción del cargo de María Fernanda Araujo, Lourdes Micaela Arrieta, Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y Rocío Bonacci.
Los miembros de La Libertad Avanza fueron señalados por "inhabilidad moral sobreviniente" y por utilizar una camioneta de la Presidencia de la Nación para encontrarse el pasado 11 de julio con Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Adolfo Donda Tigel, Carlos Guillermo Suárez Mason (h), Raúl Antonio Guglielminetti, Honorio Carlos "Pájaro" Martínez Ruíz, Manuel Juan Cordero Piacentini, Gerardo Arráez, Miguel Ángel Britos y Mario Marcote. Todos ellos se encuentran en el penal de Ezeiza condenados por por delitos de lesa humanidad.
"Consideramos que, para continuar consolidando nuestra democracia, es fundamental que los tres poderes del Estado sostengan su compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia. Las acciones de sus integrantes no pueden ser contrarias a lo que establecen nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos" justificaron en el pedido.
Asimismo, exigieron "que estos diputados y diputadas de La Libertad Avanza sean suspendidos en sus cargos, se conforme una Comisión Especial para analizar lo sucedido y sean removidos como manda el Art. 66 de la Constitución Nacional", que establece la facultad de las Cámaras de Diputados y Senadores para expulsar a sus integrantes en caso de inhabilidad moral sobreviniente.
La solicitud fue firmada por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; H.I.J.O.S.; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza; Asociación Buena Memoria; Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; y la Asociación Buena Memoria.
El hecho inédito en 40 años de democracia fue repudiado también por el bloque de Unión por la Patria, mediante un proyecto similar impulsado por Gisela Marziotta, quien declaró que "es inadmisible que exista vinculación entre legisladores y los genocidas". Por su parte, la CGT denunció "un avance negacionista" y varios espacios políticos y de Derechos Humanos reprobaron el comportamiento de los libertarios.
