Denuncia de corrupción en la ANDIS: Advierten que la auditoría busca frenar la entrega de pensiones

El ex director de Despliegue Territorial y Acceso a Beneficios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Marcelo Villarreal, salió a responder la denuncia del gobierno de Javier Milei respecto a un supuesto esquema de corrupción que desvió USD 3.400 millones a través de la adjudicación irregular de pensiones por invalidez laboral. 

El ex funcionario de Alberto Férnandez advirtió que el crecimiento del número de pensiones se dio de forma paulatina, durante 22 años; aseguró que el margen de error, por el universo de beneficiarios rondaría solo el 0,8%; y que con esta nueva auditoría, el objetivo de Milei  es “entretener” mientras discontinúa la entrega del beneficio a las “300.000 personas” que todavía esperan se les reconozca ese derecho. 

“Leí el informe y el tema es escabroso. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad actual, el doctor Diego Spagnuolo, dijo en la señal de La Nación+ que las pensiones pasaron de 80.000 a 1.200.000 en poco tiempo. Pero no, no fue en poco tiempo, fue en 22 años”, comenzó explicando Villarreal en diálogo con CódigoBAIRES, por Radio La Plata 90.9 FM. Y agregó: “En el año 2003 existía un número cerrado de pensiones, es decir 80.000, que en realidad eran 100.000. Pero reitero, era un número cerrado; es decir, tenía que renunciar o morir una persona para que una nueva persona ingrese al sistema”. 

En este marco, el funcionario afirmó que con “la llegada al Gobierno de Néstor Kirchner en el 2003, con Alicia Kirchner como Ministra de Desarrollo Social, se abre este número cerrado y en el transcurso de 21 años pasamos de 100.000 pensiones a 1.200.000 pensiones”.

Y subrayó: “Spagnuolo dio a entender que las pensiones habían pasado, de un golpe, de 80.000 a 1.200.000 y no es así, pasaron 20 años”. 

En este punto, contó que para ampliar el universo de beneficiarios de forma transparente, el gobierno de Kirchner realizó un censo y, tras él, se pasó “de 100.000 a 400.000 rápidamente”. “Quiere decir que esas fueron personas que estuvieron esperando años una pensión. Incluso hubo gente que se murió esperando”, añadió. 

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Asimismo, sobre el anunció del gobierno de Milei respecto a que auditará nominalmente cada pensión otorgada por la ANDIS, Villarreal fue tajante: “Si van a revisar caso por caso, es 1.200.000 pensiones, nos van a entretener. Pues puede haber irregularidades, pero detectarían menos de un 1%, ya que en ese volumen de prestaciones se pueden escapar casos”. 

Y remarcó que durante su gestión, la dependencia realizó análisis y advirtió que pueden las “fallas" rondarían "un 0,8% del total, es decir, 10.000 pensiones por sobre 1.200.000”, debido al volumen del país.

“Ahora van a revisar caso por caso, 1.200.000, con lo cual nos entretienen; así toda la gestión actual, los 3 años y medio que les quedan, los dedican a analizar; mientras hay 300.000 personas esperando por una pensión por discapacidad. Lo puedo asegurar, en este momento hay 300.000 personas esperando una pensión”, disparó. 

En tanto, sobre la posibilidad de que el Gobierno anule las pensiones ya otorgadas, tras la afirmación de Adorni de que el 40% estuvieron mal entregadas, el funcionario aseguró que “no es tan fácil, porque hay que revisar caso por caso”. 

Y sumó: “La presidencia de Mauricio Macri tuvo la osadía de bajar 80.000 pensiones y, cuando llegamos nosotros al gobierno, la Cámara Federal de la ciudad de Mendoza nos obligó a restituirlas. Hay controles, está la Inspección General de Justicia (IGJ); en la provincia de Buenos Aires, la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno. Una pensión no contributiva no sale como chorizo. Pasa muchos controles”. 

Más tarde, Villarreal negó estar preocupado por la denuncia penal del Gobierno, pues advirtió: “Esos cuatro años estuve a cargo de la dirección que atiende al ingreso del beneficio. Me ocupé de que todos tengan acceso al derecho y no del final de la tramitación”. Y sumó: “Nosotros cumplimos los cuatro años a rajatabla con lo que nos manda la Convención Internacional sobre Personas con Discapacidad que tiene rango constitucional. Nos ajustamos a la Convención Internacional y bajo ese paraguas están los funcionarios protegidos”. 

Consultado sobre aquello que sería necesario para que la administración libertaria garantice el acceso a las pensiones a las personas que esperan el beneficio, dijo: “Es una cuestión de decisión y de voluntad política. El gasto no es una pensión. La pensión es un piso de derechos. Una pensión no contributiva nacional ronda los $140.000, con ese dinero no le salvás la vida a nadie. Esa ayuda, en el manejo de los fondos nacionales no significa una erogación que sea una preocupación para un Estado”.

Por último, el funcionario alertó que, como en el caso de las denuncias del Ministerio de Capital Humano que motivaron el corte del envío de alimentos a comedores, la intención del Gobierno nacional giraría en torno a realizar un recorte aún más profundo en la ANDIS. 

“Ellos van a revisar y, como el hombre tropieza dos veces con la misma piedra, van a bajar otra vez 80 o 100 mil pensiones. Y después la Justicia las va a restituir, pero mientras la Justicia lo discute, pasan años y esas personas no tienen la prestación”, expresó. Y cerró: “Si reducís personal, echando gente con profunda convicción social y capacitada, y con menos personal vas a auditar un 1.200.000 pensiones, no llegaremos nunca”.