El Gobierno despidió al 85% de los empleados del ex Ministerio de Mujeres
El desmantelamiento casi total de la Línea 144, principal recurso de atención a víctimas de género en Argentina, genera preocupaciones sobre la capacidad del país para enfrentar esta problemática urgente, marcando un retroceso significativo en las políticas de género.
El gobierno de Javier Milei llevó a cabo una serie de cambios significativos en las políticas de género en Argentina, generando fuertes críticas y preocupaciones sobre el futuro de la atención a las víctimas de violencia de género.
Entre las medidas más controversiales, se destaca el desmantelamiento casi completo de la Línea 144, un servicio crucial que proporcionaba atención telefónica especializada a mujeres las 24 horas del día, los 365 días del año, así como la reorganización de toros programas del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció a través de redes sociales la reducción significativa del personal del ex Ministerio de la Mujer, afirmando que el 85% de los empleados fueron despedidos. Según sus declaraciones, los empleados restantes serán reasignados a la Dirección de Protección a la Familia para asistir a aquellos que enfrenten situaciones de violencia y riesgo. Si, para el gobierno libertario, es un logro.
Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer.
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) June 30, 2024
Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo.
La Línea 144, establecida para cumplir con la Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, anteriormente contaba con un equipo interdisciplinario de psicólogos, abogados y trabajadores sociales que atendieron más de un millón de consultas. Sin embargo, tras los cambios implementados por Milei, la capacidad operativa de la línea se ha visto reducida drásticamente, con solo dos empleadas encargadas de recibir, asesorar y derivar consultas a nivel nacional.
Por ello, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) expresó su preocupación por la viabilidad de mantener el servicio en estas condiciones, solicitando la reincorporación de los despedidos para garantizar la continuidad del apoyo a las víctimas.
El desmantelamiento de estas políticas de género puede ser interpretado como parte de la agenda ideológica de La Libertad Avanza, partido oficialista, que ha mostrado disposición a modificar o eliminar programas enfocados en promover la igualdad y la diversidad. Este retroceso no solo generó críticas internas, sino que también puso en tela de juicio el compromiso de Argentina con los convenios internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará).
En medio de debates en redes sociales y críticas por el vaciamiento de políticas públicas de género, las estadísticas de violencia muestrna un aumento alarmante: en lo que va del año, más de 120 mujeres fueron asesinadas por razones de género, resaltando la urgencia de mantener y fortalecer las medidas de protección y prevención.
