Milei quiere que los menores de entre 13 y 16 que delincan cumplan penas de hasta 20 años

Los ministros de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentaron un proyecto de Ley para bajar la edad de imputabilidad de los actuales 16 años a 13. Concretamente, la iniciativa pretende que sean encarcelados en "establecimientos especiales o secciones separadas" los adolescentes de entre 13 y 18 años que delincan, con penas que vayan de 3 a 20 lustros de reclusión. El titular de la Cartera judicial bonaerense, Martín Mena, había pedido que el tema se discuta de manera profunda y "seria" ya que “no llegan al 2% los delitos cometidos por menores de 16 años”.

"Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia", dijo Bullrich en la conferencia de prensa que encabezo junto a Cúneo Libarona este viernes, donde anunció que enviarán al Congreso una nueva "Ley Penal Juvenil".

Y agregó: "A partir de ahora, el delito, y lo peor que siempre es la muerte, tendrá consecuencias y estas consecuencias serán acordes a la edad de quienes lo cometen. La decisión del presidente Javier Milei y de los equipos conjuntos de estos ministerios de Seguridad y Justicia, es cumplir con una sociedad que pide respuestas".

Delito de adulto, pena de adulto.

Enviamos al Congreso una ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Ahora, los delincuentes serán penalmente responsables.

Nuestro compromiso es con la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos de bien.

— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) June 28, 2024

Qué dice el proyecto

Según lo comunicado por el Gobierno nacional, el proyecto afirma que los adolescentes de entre 13 y 18 años que delinquen podrán ser privados de la libertad en "establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo".

Además, establece escalas de penas que van de 3 a 6 años en los casos en los que “no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas". En estos casos, "la pena podrá reemplazarse por: amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico".

La iniciativa establece un máximo de 20 años de penas, que al cumplir las dos terceras partes, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas.

Si se impone condena condicional, se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, tales como asesoramiento y orientación, asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes.

Asimismo existe un énfasis especial en la iniciativa en el control de cumplimiento de las penas, en las que incluso se habilita a la víctima a hacer el seguimiento. "El cumplimiento de las penas deberá ser verificado por el juez o el fiscal. También por la víctima, si es su deseo. Ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa, el juez la sustituirá por otra más severa", detalla el texto.

Para los casos en donde seguiría vigente la inimputabilidad, los menores de 13 años, "el juez investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas. En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental, y dará intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social", establece la iniciativa.

Para las víctimas se establece la atención psicológica y el patrocinio gratuito. "El juez y el Ministerio Público fiscal velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas", explica el proyecto.

Qué opinión tiene la Provincia

Ni bien asumió el gobierno de Javier Milei, Bullrich ya había adelantado la intensión de bajar la edad de imputabilidad. En ese marco, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Martín Mena, puso algunos reparos y remarcó que, la funcionaria realizaba la propuesta sostenida en el "clamor" público que despertaban algunos casos mediáticos, ya que solo el "2%" de los delitos tenían como protagonistas a menores de 16 años.

"Esa no es una discusión procesal, es una profunda discusión de fondo, porque muchas veces también está atada el clamor de hechos puntuales y es una discusión que nunca se quiso abordar de fondo y seriamente”, decía Mena a un portal de noticias provincial; al tiempo que subrayaba que “no llegan al 2% los delitos cometidos por menores de 16 años”.

En este marco, funcionario advirtió que con la baja de la edad de imputabilidad no se están debatiendo "los problemas de la seguridad o de la criminalidad en la Argentina, estamos apenas atendiendo a menos del 2% de los delitos, que es lo que hoy tenés en la estadística de participación de un menor”.

Si bien, Mena reconoció que era necesaria una modificación de la ley dado que data de la última dictadura cívico militar, aseveró que "no hay que confundir a la gente con títulos rimbombantes, el problema de la seguridad y de la criminalidad en el país no son los menores de 16 años".

"Es una discusión de todas las fuerzas políticas, con los especialistas, porque la situación de la niñez y la adolescencia es un ámbito muy específico, entonces hay que escuchar muy detenidamente a los especialistas en esos temas”, concluía.