El Gobierno sigue sin repartir los alimentos y ahora le echa la culpa a la administración anterior
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, incumplió nuevamente la orden judicial de distribuir 5.8 millones de kilos de alimentos cercanos a su fecha de vencimiento, eludiendo la responsabilidad del gobierno nacional.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, incumplió nuevamente la orden judicial de entregar un plan de reparto inmediato de los alimentos almacenados, que actualmente suman 5,8 millones de kilos y cuya fecha de vencimiento se acerca.
Al filo del plazo otorgado por el juez Sebastián Casanello, Pettovello insistió en que enviará esa comida a escuelas vulnerables, pese a que estas ya tienen presupuesto asignado para sus comedores, el cual el gobierno les retacea. La ministra informó que cada provincia deberá solicitar la mercadería y hacerse cargo de la logística, es decir, el gobierno nacional elude su responsabilidad en el reparto de estos alimentos. Además, en un giro argumental, afirman que la decisión de no repartir la comida fue del gobierno anterior.
En el escrito presentado ayer ante la Justicia, Pettovello entregó el stock de alimentos al 19 de junio, donde consta que aún tienen sin entregar 5.825.946 kilos de comida. Desde que se reveló la existencia de estos alimentos hace un mes, solo se ha repartido la leche en polvo que vence en julio, y nada más.
La planilla con el stock actual de alimentos guardados por Milei y Pettovello incluye fechas próximas de vencimiento:
- Más de un millón de paquetes de lentejas de 400 gramos con primera fecha de vencimiento a mediados de agosto.
- 459.054 kilos de leche en polvo con primera fecha de vencimiento el 18 de septiembre.
- 259.334 paquetes de puré de tomate con primera fecha de vencimiento el 30 de septiembre.
Estos próximos vencimientos ponen en riesgo su uso, ya que no está garantizado que se lleguen a distribuir y consumir antes de esas fechas.
Desde el ministerio de Pettovello explicaron sobre la distribución de la leche en polvo casi vencida: “se verificó por medio de las áreas competentes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (a requerimiento y solicitud de la Ministra de Capital Humano) la existencia de 465 toneladas de leche en polvo que por la proximidad de su fecha de vencimiento se consideró oportuna y conveniente su inmediata distribución, para lo cual la Sra. Ministra de Capital Humano suscribió con la Fundación CONIN un Convenio a tal fin y se coordinó su inmediata distribución a través del Ministerio de Defensa”.
Sin embargo, fue el impulso de Juan Grabois como querellante en la causa por el no reparto de alimentos desde diciembre y la publicación de El Destape sobre la proximidad de vencimiento de esa leche lo que derivó en la distribución a través de la Fundación CONIN. Esta fundación exige a comedores y merenderos la entrega de fotos de los niños y chats internos de esas organizaciones sociales para recibir algo de ese alimento.
El documento presentado por el gobierno también revela irregularidades en la distribución de harina de maíz próxima a vencer, cuyo destino era San Isidro y Hurlingham pero terminó en el municipio de Capitán Sarmiento, gobernado por Javier Iguacel, ex director de Vialidad de Mauricio Macri. No explican la razón de este cambio de destino.
El escrito es una nueva pieza incoherente. En un párrafo dice textualmente: “entendemos de interés que el Tribunal conozca las especiales circunstancias que determinaron que este Ministerio dispusiera la entrega inmediata de productos alimenticios que se encontraban depositados (como quedara dicho con el fin específico de afrontar y asistir en situaciones de emergencia y catástrofe) en dependencias del ex Ministerio de Desarrollo Social y que fueran adquiridos por la anterior administración gubernamental y que no han sido repartidos por decisión del anterior gobierno”.
En un giro argumental insólito, ahora Milei y Pettovello afirman que esos alimentos “no han sido repartidos por decisión del anterior gobierno”, a pesar de insistir en que tenían “el fin específico de afrontar y asistir en situaciones de emergencia y catástrofe”, algo que no ocurrió ni luego de la tragedia en Bahía Blanca, ni en las inundaciones en Corrientes, donde el intendente de Paso de los Libres solicitó alimentos a Pettovello sin recibir respuesta.
Lo cierto es que todos estos alimentos fueron comprados por el gobierno anterior, ya que hace 6 meses que el Estado no compra nada. Peor aún, se derivaron 6.772 millones de pesos a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la compra de aceite y lentejas, pero solo se gastó la mitad en comida y no se sabe para qué se usó el resto. Misma incógnita existe con los más de 14.000 millones de pesos enviados al PNUD.
El juez Casanello otorgó un nuevo plazo de 72 horas al ministerio de Capital Humano para que cumpliera con la entrega de un plan de reparto inmediato de la comida. El ministerio de Pettovello volvió a incumplir esta orden judicial e informó que convocó a todos los ministerios de Desarrollo Social provinciales a participar en la distribución de alimentos.
El gobierno reiteró que la comida se enviará a escuelas vulnerables, que ya tienen presupuesto asignado para la compra de alimentos que el gobierno no les gira. Cada provincia tiene del 24 al 28 de junio para efectuar el pedido de alimentos que serán repartidos según el Índice de Contexto Social de la Educación (ICSE), y el gobierno nacional se desentenderá de la distribución. “La adhesión implicará la obligación de proceder al retiro, a cargo de la jurisdicción, de los alimentos en las cantidades y ubicación que se establezcan mediante Convenio de Colaboración”, dice la nota presentada ante el juez Casanello. Es decir, el gobierno nacional no se hace cargo del reparto, lo deben solventar las provincias.