Ante nuevos posibles despidos masivos, ATE convoca a un paro y vigilia nacional
Ante la inminente amenaza de despidos masivos en el Estado, ATE ha convocado a un paro nacional con vigilia para protestar y exigir la continuidad laboral de los trabajadores afectados. La medida busca enfrentar las políticas de ajuste que ponen en riesgo miles de empleos públicos.
El primer día hábil de abril, después de Semana Santa, el Gobierno dejó sin trabajo a 15 mil empleados del Estado. Para contrarrestar las protestas de los gremios ante los despidos masivos, se militarizaron los ministerios y se custodió el ingreso a los edificios públicos con la Policía Federal. Esa misma escena podría repetirse a partir del próximo lunes, cuando a otros 50 mil empleados que evitaron la primera ronda de despidos se les venza el contrato precario que se les renovó por apenas tres meses más.
Frente a este posible escenario, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) han convocado a un paro con movilización hacia Plaza de Mayo para este jueves, coincidiendo con el Día del Trabajador Estatal. Además, planean una permanencia pacífica en las oficinas de cada organismo, una medida similar a la adoptada hace 90 días.
“El 27 de junio nos vamos a movilizar en todo el país y desde ATE no descartamos montar una vigilia. La idea es permanecer dentro de los ministerios y organismos hasta que llegue el primer día hábil de julio, para que se garantice la continuidad laboral de todos los vínculos que vencen a fin de mes”, explicó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.
Los nuevos despidos se darían mediante una metodología similar a la utilizada en abril: cada ministerio presentará su nómina ante la Jefatura de Gabinete, bajo cuya órbita funcionan la Secretaría de Transformación y la de Simplificación del Estado. Se espera que estas áreas se reubiquen en la eventual nueva estructura que Javier Milei ideó para Federico Sturzenegger. Este movimiento está a la espera de la firma del Presidente, como parte de un nuevo “megadecreto” que podría emitirse tras la aprobación de la ley Bases en el Congreso. El número final de despidos dependerá en gran medida de este proceso, aunque la decisión final la tomarán el ministro de Economía, Luis Caputo, y el propio Javier Milei.
Sin embargo, los despidos no serán exactamente como lo declaró públicamente el Presidente, quien en una entrevista reciente expresó su deseo de “despedir 50 mil empleados públicos” como parte de su plan de “destruir el Estado desde adentro”. Aguiar lo confronta. "No van a despedir a 50.000 estatales. Si echan a esa cantidad directamente nos quedamos sin Estado”, manifestó. “Y a Milei en verdad no le interesa destruir todo el Estado, sino que lo quiere para hacer negocios, que hagan negocios sus amigos y para garantizar los intereses de las grandes empresas”, aseguró.
“El gobierno no despide para ajustar, despide para desmantelar, para desguazar e intentar pasar numerosas áreas públicas a sectores privados. Tenemos que multiplicar las protestas para evitarlo”, agregó Aguiar.
Independientemente de lo que suceda el 30 de junio, cuando el Gobierno comunique cuántos contratos renovó y cuántos no, el programa libertario de desguace estatal seguirá en marcha. "Más despidos va a haber, con seguridad. Eso va a seguir pasando, casi como un proceso permanente y eterno, revisar funcionamientos de determinadas áreas, qué valor agregan, si la dotación es la correcta y si no lo es", había sostenido el vocero Manuel Adorni en conferencia de prensa a principios de este mes, luego de una tanda de despidos que afectaron a los trabajadores del INADI.
En este contexto, el jefe de Gabinete Guillermo Francos recibió la semana pasada en su despacho al secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, quien le planteó la necesidad de renovar los contratos y reincorporar a trabajadores despedidos desde la primera ronda, que no discriminó a embarazadas, personas con discapacidad y tampoco respetó el cupo trans establecido por ley. Otro de los reclamos es que la renovación de los contratos sea al menos hasta diciembre y no cada tres meses, lo que genera angustia e inestabilidad entre los trabajadores.
De acuerdo con un informe de ATE basado en datos del INDEC sobre empleo público, el primer recorte del plan Motosierra afectó a 15.404 trabajadores. Este número incluye únicamente a la administración pública nacional, es decir, ministerios y organismos descentralizados, pero no a las empresas del Estado, donde también se está llevando a cabo un proceso de desguace que ha afectado a otros 3.819 empleados. El total de despidos hasta mayo fue de 19.223 (80 por ciento en la administración pública y 20 por ciento en las empresas estatales). Este ajuste representa el 14,6 por ciento respecto a la plantilla de diciembre del año pasado.
Los ministerios más afectados fueron Capital Humano (con una reducción del 17,7 por ciento), seguido por Interior (13,9 por ciento) y Economía (16,2 por ciento). En Presidencia, de la que dependen varios organismos descentralizados, la reducción superó el 20 por ciento.
La mayoría de los despedidos son contratados, aunque hubo algunos casos aislados de empleados de planta. Los contratados representan más del 70 por ciento del total de trabajadores estatales, muchos con más de 20 años de antigüedad y sin estabilidad. "Se habla de los contratados como si fuéramos algo accesorio, pero en la administración central y en los organismos somos más del 70 por ciento del total de trabajadores, muchos con bastante antigüedad. Hay un mito de que somos accesorios, o consultores externos, pero somos mayoría, si despiden a los contratados, chau Estado, no hay quien lo sostenga", describió a Página/12 el secretario gremial de ATE Capital y trabajador del Ministerio de Salud, Pedro Lyn.
