Bullrich reclamará el pago de $130 millones a los detenidos por la movilización en el Congreso
Desde el ministerio de Seguridad de la Nación, denunciarán a los detenidos durante la marcha contra la Ley Bases con el objetivo de hacerlos pagar el costo del operativo y los daños. Cada uno debería desembolsar $3.960.000 para costear la cifra total.

Tras la detención de 33 personas que marcharon contra la Ley Bases el pasado miércoles 12 de junio, desde el ministerio de Seguridad de la Nación enviaron un documento al fiscal Carlos Stornelli asegurando que el operativo de represión costó al organismo unos $130.706.892 y advirtieron que denunciarán a los detenidos con el objetivo de que abonen dicha cifra.
“Deberá dejarse constancia de que aún falta computar los costos del tratamiento de los heridos, lo que se hará al final de las curaciones” indicaron desde el ministerio que encabeza Patricia Bullrich. El valor total se compone de los gastos que requirió el despliegue de tres fuerzas federales: Policía, Gendarmería y Prefectura. Además, contiene el costo de daños a los vehículos y equipamientos, que ascienden a $13.613.500, y el operativo policial del día previo al tratamiento de la ley, para supervisar a manifestantes que acamparon durante la noche.
“Demandamos los costos del operativo, los cuales están en proceso de determinación, ya que incluirán no solo las erogaciones necesarias para el despliegue sino también los gastos de curación de los efectivos y también la reposición del material destrozado” sostuvieron ante Stornelli, quien decidirá si los 33 detenidos deberán pagar unos $3.960.000 cada uno.
El juez fue responsable de citar a indagatoria a las personas que fueron imputadas por lesiones, daños simples y agravados, incendio, delitos contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva contra las instituciones, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravado, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos, entre otros motivos.
Cabe mencionar que la detención fue denunciada por varios referentes políticos y organizaciones de derechos humanos como una acción injustificada que compromete el derecho de manifestarse democráticamente. Entre varios llamados por la libertad de los implicados, incluyendo el repudio desde Provincia, el número de retenidos descendió a 16 tras la excarcelación de otros 17.