Inaudito: Trasladan a cárceles federales a los manifestantes detenidos por protestar contra la Ley Bases
Los manifestantes detenidos durante protestas contra la Ley Bases fueron trasladados a unidades penales de alta seguridad como Marcos Paz y Ezeiza, generando preocupación entre sus familiares y organizaciones de derechos humanos.
En un nuevo acto de la escalada de violencia judicial y política, los manifestantes detenidos durante la movilización contra la Ley Bases y acusados de “sedición” contra el gobierno nacional fueron trasladados a las unidades penales de Marcos Paz y Ezeiza. Los familiares de los detenidos, que habían estado alojados en comisarías y alcaidías desde el miércoles, confirmaron la noticia a través de un comunicado: “Fueron trasladadas a unidades del Sistema Penitenciario Federal”.
La familia de Brian Ortiz, estudiante de Historia en el Instituto Superior de Formación Docente Nº1 de Avellaneda, informó que a él “lo acaban de trasladar a (la Unidad Penitenciaria de) Ezeiza, acusándolo de actos terroristas”. En su comunicado, la familia destacó que Brian es “un estudiante ejemplar, trabaja haciendo rap en los trenes” y “es miembro del centro de estudiantes”, sugiriendo que su detención tiene un trasfondo político.
Lucila Adano, hermana de Santiago Adano, otro de los detenidos, confirmó que su hermano fue trasladado a Marcos Paz durante la madrugada sin previo aviso a la familia. Ante esta situación, las familias decidieron suspender la movilización prevista para hoy frente a los lugares de detención y tribunales, convocando a una nueva protesta al mediodía en los tribunales de Retiro, sobre la avenida Comodoro Py.
En diálogo con la prensa, Lucila relató el momento de la detención de su hermano: “Él estaba parado en la vereda entre la gente cuando sale del subte y lo agarran policías de civil por detrás y lo tironean y se lo llevan detenido. Lo empiezan a arrastrar. Así fue como nos enteramos. Lo arrastraron entre 30 policías, lo asfixiaron. Está con la cara roja. Tanto es así que él se descompuso”. Además, describió que están pasando "unos días horribles" y añadió que a "Santiago lo detuvieron, como a muchos otros, el miércoles. Él había ido a manifestarse con su asamblea barrial, que es apartidaria. Se había ido cuando empezó la represión. Tiene una lógica de cuidarse. Estaba en la casa de un amigo. Y tipo 19 hablé con él. Estaba re enojado y triste por todo lo que estaban hablando las personas”.
La detención arbitraria, la falsa acusación con figuras penales desproporcionadas, la incomunicación, los traslados durante la madrugada y la falta de aviso a los familiares son características de un modus operandi que las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial no habían aplicado durante años en Argentina.
La persecución judicial contra los 33 detenidos durante las protestas del miércoles alcanzó niveles grotescos. Alimentado por fake news en redes sociales apoyadas por el gobierno de Javier Milei, el fiscal Carlos Stornelli, pidió prisión preventiva para todos, imputándoles 15 delitos, incluidos actos contra el orden constitucional. Cabe recordar, que Stornelli se encuentra acusado en distintas causas por espionaje ilegal, extorsión y lavado de dinero.
En la mañana del jueves, la jueza María Servini indagó a los primeros diez detenidos que quedaron bajo jurisdicción federal. Tras las audiencias, las defensas solicitaron la liberación, y durante este viernes, la jueza decidirá si concede las libertades. A los familiares se les informó que algunos detenidos fueron trasladados a cárceles de mayor seguridad fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, Servini deberá interrogar a otros 23 acusados que inicialmente estaban bajo la Justicia porteña pero fueron acumulados en su causa, quedando ella como única jueza a cargo de todos los detenidos.
Estas 33 personas enfrentan cargos por resistencia a la autoridad, lesiones, daños y, posiblemente, un delito similar a la sedición, sugiriendo una intención de alzarse contra el orden constitucional. El fiscal Stornelli solicitó que permanezcan detenidos, una decisión pendiente de resolución por parte de la jueza.
