El Gobierno Nacional decretó la emergencia ferroviaria
La Secretaría de Transporte deberá elaborar un plan de acción urgente, mientras las empresas ferroviarias podrán renegociar o rescindir contratos.
El Gobierno declaró este jueves la emergencia pública ferroviaria. Esta medida, que había sido anticipada semanas atrás, se oficializó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en la última edición del Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei.
La declaración de emergencia ferroviaria se produjo pocas horas después de la aprobación de la Ley Bases en el Senado. Aunque esta ley excluyó de las privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina, y el Correo Argentino, mantuvo a las empresas Belgrano Cargas y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse) entre las que serán concesionadas.
La medida fue establecida por un período de dos años, prorrogable una sola vez por el mismo lapso. Abarca los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, así como todas las actividades relacionadas con la administración y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la operación de los servicios ferroviarios en la Red Ferroviaria Nacional.
El decreto designa a la Secretaría de Transporte de la Nación como la autoridad de aplicación de la emergencia ferroviaria. Esta entidad deberá elaborar un plan de acción dentro de los 15 días, con las medidas indispensables y urgentes que "resguarden la seguridad operativa de la prestación del servicio de transporte ferroviario de cargas y pasajeros" basándose en las propuestas presentadas por las empresas ferroviarias.
Para cumplir con esto, las compañías deberán "efectuar un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones, detallando una breve descripción de las mismas, plazo de ejecución, estimaciones presupuestarias, factibilidad de fuente de financiamiento, condiciones de mantenimiento y seguridad". Además, deberán considerar "las adecuaciones de las condiciones laborales de sus trabajadores mediante negociaciones con las representaciones sindicales con ámbito de actuación en el sector y demás cuestiones que se consideren pertinentes a los efectos de revertir la situación de emergencia".
Tanto la Secretaría de Transporte como las empresas ferroviarias "podrán dejar sin efecto los procedimientos de contratación" que "no se encontrasen perfeccionados y las contrataciones que no tuvieran principio de ejecución". También podrán, por razones de emergencia, renegociar o rescindir los contratos de cualquier tipo, dentro de las pautas establecidas por el decreto.
Asimismo, el Gobierno se comprometió a asignar un presupuesto adicional de un billón doscientos noventa y tres mil setecientos ochenta millones de pesos ($1.293.780.000.000) para el "fortalecimiento del sistema ferroviario nacional". De este monto, trescientos cincuenta mil millones de pesos ($350.000.000.000) "deberán imputarse en el presupuesto 2024".