Comienza el debate en el Senado por la Ley Bases: ¿Cuáles son los puntos más importantes?
La discusión promete ser intensa debido a las divisiones entre los bloques sobre temas fundamentales para el Gobierno de Javier Milei, como las privatizaciones, el RIGI y la delegación de facultades, entre otros
La delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el Régimen de Promoción de Inversiones (RIGI) para atraer dólares frescos, las privatizaciones de empresas públicas, la restitución del impuesto a las ganancias a los sueldos más altos, y el blanqueo de capitales, son los capítulos de la Ley Bases y el paquete de medidas fiscales que generan mayor debate y que podrían sufrir cambios en su tratamiento particular, siendo estas dos iniciativas claves para el Gobierno Nacional.
El Senado debatirá este miércoles la Ley Bases y el Paquete fiscal en una sesión especial maratónica que comenzará a las 10. La discusión promete ser álgida ya que aún faltan celebrar algunos acuerdos en artículos centrales entre la Libertad Avanza y los bloques dialoguistas que son parte del corazón de ambas iniciativas.
Uno de los capítulos que aún generan debates es el de las facultades que tendrá el Poder Ejecutivo para eliminar, fusionar o disolver organismos públicos. A pesar de que se han sumado entes que no pueden afectarse, muchos legisladores dialoguistas se resisten a otorgar estas atribuciones al Gobierno de Javier Milei.
No obstante, las bancadas que respaldarán el dictamen de mayoría ya aseguraron que se mantendrán el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Banco Nacional de Datos Genéticos.
El Régimen de Promoción de Inversiones (RIGI), que oscila entre 200 y 900 millones de dólares y está destinado a grandes emprendimientos mineros y petroleros, también genera mucho debate. Este régimen ofrece beneficios fiscales en IVA y Ganancias, aduaneros y una estabilidad fiscal. La iniciativa tuvo cambios en el Senado para fomentar el desarrollo de empresas locales, estipulando que una empresa extranjera que haga una fuerte inversión deberá adquirir productos de empresas locales si “hay oferta competitiva”.
Se estableció además que la empresa deberá presentar un estudio que garantice que no afectará el mercado local y calcular los puestos de trabajo directos e indirectos con integración y programas de empresas locales. Sin embargo, estos cambios no han dejado conformes a muchos legisladores dialoguistas que insisten en que se debe limitar aún más el RIGI para no perjudicar a las empresas nacionales.
Otro aspecto clave de la Ley Bases es la propuesta del Gobierno de privatizar once empresas públicas. Esto presenta un problema para el Gobierno ya que algunos legisladores dialoguistas rechazan la privatización de Aerolíneas Argentinas, por lo cual es probable que, si los números están muy ajustados, se decida eliminar a la aerolínea de la lista de empresas a vender.
Las empresas que el Gobierno de Javier Milei quiere privatizar, además de Aerolíneas Argentinas, son Radio y Televisión Argentina, Intercargo y Energía Argentina (Enarsa). En tanto, para Aguas y Saneamientos Argentinos SA (Aysa), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales se propone una concesión parcial, es decir, que estén abiertas a incorporar capital privado.
En el caso de la estratégica empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nassa), se establece que solo se podrá organizar un Programa de Propiedad Participada (PPP) y colocar una clase de acciones para ese fin. Un mecanismo similar se propone para el Complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales.
Otro punto clave es la reforma del impuesto a las ganancias para que vuelvan a pagar el tributo los empleados de relación de dependencia que perciban 1.800.000 pesos de sueldos brutos en el caso de los solteros y 2,3 millones de pesos de sueldos brutos para los casados. Solo se mantendrán las deducciones por intereses hipotecarios, hijos, esposa, el personal de casas particulares, prepagas y seguros de vida, con lo cual se estima que volverán a tributar más de un millón de personas.
El Senado reformó esta medida para que los trabajadores de las provincias patagónicas tengan un diferencial del 22% en el mínimo no imponible, con lo cual empezarán a tributar a partir de salarios de casi 2.2 millones de pesos brutos en el caso de los solteros y 2.8 millones de pesos brutos para los casados.
El capítulo de blanqueo de capitales tuvo cambios respecto al texto sancionado por Diputados. Ahora, no podrán ingresar quienes ya participaron de ese beneficio en 2018 durante el Gobierno de Mauricio Macri, los funcionarios que estuvieron en sus cargos en los últimos diez años y los hermanos de estos funcionarios, además de los familiares directos como cónyuge, padres e hijos.
