La Justicia le dio la razón a Kicillof en la polémica por el Inmobiliario Rural
Un Juzgado Contencioso Administrativo de la ciudad de La Plata falló a favor de ARBA y ratificó que no hubo errores en la liquidación del Impuesto Inmobiliario Rural.
El Juzgado Contencioso Administrativo Nº 4 confirmó este miércoles que la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) liquidó de forma correcta el Impuesto Inmobiliario Rural y desestimó la petición de Raúl Alberto Remorini, productor del partido de La Plata que buscaba una revaluación del tributo mediante una medida cautelar.
El fallo de la jueza María Ventura Martínez rechazó el pedido de Remorini, que argumentaba que el impuesto había sido mal liquidado basándose en que no se respetaba un supuesto límite de imposición del 3% de la valuación fiscal de la propiedad rural, establecido en el consenso fiscal de 2021.
Según trascendió, Remorini buscaba abonar el Impuesto Inmobiliario Rural con un aumento del 200% respecto de 2023, pero aplicando un descuento del 35% por "contribuyente cumplidor", beneficio que no está vigente, y sin incluir índices de actualización.
Además, solicitaba que ARBA no pudiera avanzar con reclamos judiciales para cobrar el tributo.
Cabe recordar que el incremento en el Impuesto Inmobiliario Rural fue establecido mediante una ley aprobada en diciembre del año pasado con el respaldo de Unión por la Patria, la UCR y el PRO. La aprobación generó críticas del presidente Javier Milei, quien firmó que la medida contribuía a mantener un "modelo empobrecedor".
Acto seguido, el diputado (ahora libertario), José Luis Espert, directamente llamó a una "rebelión fiscal" con el fundamento de que la carga tributaria era "confiscatoria". Sin importar que tal llamado era directamente una incitación al delito, el propio Milei defendió la postura de Espert. Ante ello, Kicillof repudió las declaraciones de los funcionarios de La Libertad Avanza y advirtió que sus arengas promovían el "narco capitalismo" al socavar la recaudación estatal. El escandaló terminó con una denuncia penal contra Espert.
Mientras tanto, la Sociedad Rural y otras asociaciones de productores agropecuarios como CARBAP también denunciaron que había errores en las liquidaciones; pero pese a las protestas, las reuniones con legisladores, representantes de ARBA y el Ministerio de Economía no lograron establecer casos concretos de liquidaciones mal realizadas.
Ahora, el fallo de Ventura Martínez pone fin a la controversia y confirma la posición de ARBA.
