Bullrich continúa obstruyendo investigaciones sobre niños desaparecidos en la dictadura
La ministra de Seguridad generó controversia al negar acceso a archivos cruciales para la investigación de niños robados durante la dictadura. Su decisión trajo nuevas críticas y reavivó el debate sobre el compromiso del gobierno con la verdad y la justicia histórica.
El gobierno de La Libertad Avanza (LLA) no da tregua en su intento de dificultar las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La más reciente maniobra proviene de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien denegó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) acceso a los expedientes de los efectivos de las fuerzas de seguridad federales para indagar el paradero de los niños y niñas sustraídos durante el régimen de terror.
Bullrich, junto a su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, trabajaron incluso un domingo para rechazar la solicitud de acceso a documentos presentada por la CoNaDI, organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y creado en 1992 por iniciativa de Abuelas de Plaza de Mayo durante el gobierno de Carlos Menem.
En su respuesta, distribuida temprano por el Ministerio de Seguridad, se niega a la CoNaDI la capacidad de investigar, argumentando que esta función corresponde únicamente al Ministerio Público Fiscal o al Poder Judicial. También se refiere al pedido como una "demanda de información indiscriminada" y califica al organismo como "militante", argumentando que estas investigaciones vulnerarían la privacidad de los efectivos de las fuerzas.
Manfroni actúa como el vínculo entre el círculo de Bullrich y el de Victoria Villarruel. Anterior columnista de la revista ultraderechista Cabildo, Manfroni coescribió un libro con la vicepresidenta justificando la violencia estatal durante los años 70. Durante la campaña, Manfroni expresó que estaban buscando soluciones para los mayores de 70 años detenidos por secuestro, tortura, violación, asesinato y desaparición.
Esta no es la primera vez que Bullrich obstaculiza la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes de la dictadura. Durante su primer mandato al frente del Ministerio de Seguridad, desmanteló el Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), creado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para llevar a cabo allanamientos y obtener muestras de ADN de personas sospechosas de ser hijos de desaparecidos. También desarticuló equipos de relevamiento documental que contribuían a las investigaciones.
En su segunda gestión, Bullrich también eliminó las recompensas para quienes aportaran información sobre represores prófugos, debilitando así a los organismos que colaboran con Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de nietos.
Bullrich había sido superada en su negacionismo por su protegido, Luis Petri, ministro de Defensa, quien fue el primero en negar información a la CoNaDI a través de su subsecretario Guillermo Madero, anterior colaborador de Bullrich. Petri también desmanteló los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental y respaldó actos de enaltecimiento de la dictadura en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, ubicado en la ex ESMA. Su segundo, Claudio Pasqualini, abogó por dejar atrás el pasado al referirse a la "guerra sucia" y a las organizaciones "subversivas".
La situación de la CoNaDI fue expuesta como una preocupación por Abuelas de Plaza de Mayo en una audiencia ante el Senado, ya que forma parte de los organismos estatales que podrían ser eliminados por decisión de Javier Milei si se aprueba la ley Bases en su forma actual. Lo mismo ocurre con el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), creado durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
