Economía
Por decreto

El Gobierno avanza en la desregulación de las tarjetas de crédito ¿Chau resumen en papel?

Estas medidas se enmarcan en un contexto de desregulación de la economía y eliminación de "barreras" estatales según lo establecido en el DNU 70/2023.

Nazareno Napal
26/04/2024
El Gobierno avanza en la desregulación de las tarjetas de crédito ¿Chau resumen en papel?

El Gobierno Nacional oficializó a cabo modificaciones significativas en el régimen de las tarjetas de crédito, con el objetivo de alcanzar una "fuerte desregulación y simplificación" en este mercado.

Según lo publicado en el Boletín Oficial a través del Decreto 361/2024 el pasado viernes, se reglamentaron dos artículos de la Ley N° 25.065 de Tarjetas de Crédito, específicamente relacionados con el resumen de operaciones de los usuarios.

De acuerdo con el decreto, en el caso del envío del resumen mensual de operaciones, como lo establece el artículo 22, "no deberá mediar oposición del usuario cuando su remisión fuera realizada en forma electrónica". Esto significa que los usuarios no podrán objetar el envío electrónico del resumen mensual.

Además, se determinó que el canal de comunicación al que hace referencia el artículo 25 para el caso de no recepción del resumen puede ser telefónico, electrónico o similar, siempre y cuando cumpla con su función.

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El Poder Ejecutivo fundamentó esta decisión en el contexto del DNU 70/2023, el cual estableció una serie de medidas destinadas a desregular la economía. Como parte de estas medidas, se modificó la Ley N° 25.065 de Tarjetas de Crédito con el propósito de llevar a cabo una "fuerte desregulación y simplificación en ese mercado, adecuándose a los cambios recientes en modalidades de relacionamiento y tecnologías de digitalización".

Según la Casa Rosada, el DNU 70/2023 plantea la necesidad de "reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción en el comercio mundial".

Además de estas disposiciones, el decreto mencionado estableció que cualquier entidad, dentro de su objeto social, puede emitir tarjetas de crédito o hacer efectivo el pago. Asimismo, obligó a las entidades emisoras a dar a conocer públicamente la tasa de financiación aplicada.

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