Caso emblemático: La justicia frenó aumentos exorbitantes en una prepaga

La justicia Federal de Mar del Plata emitió un fallo que requiere que una empresa de medicina prepaga restaure la atención médica para una mujer de 66 años con discapacidad. Esta decisión se tomó después de que la mujer presentara un recurso de amparo debido a su incapacidad para hacer frente a los sucesivos aumentos en las cuotas, que alcanzaron un 280% en los primeros dos meses de este año.

El juez Santiago Martín, al dictar la medida cautelar, declaró que en casos como el de la denunciante, se ve comprometido "el derecho a la salud". Por lo tanto, ordenó a la empresa "Thema- Red Médica" que reanudara la prestación de servicios médicos para la paciente durante el tratamiento o hasta que se dictara una sentencia definitiva. Esto fue informado por el Ministerio Público Fiscal.

El juez también suspendió los aumentos de enero y febrero, y ordenó la readecuación de las cuotas liquidadas en los dos primeros meses del año, estableciendo un tope máximo del 90% del Índice de Remuneración Imponible promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE). Este límite estaba en línea con el régimen vigente antes de la sanción del DNU 70/2023, que desreguló varios aspectos económicos.

Esta resolución judicial se produjo después de que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata intervino debido al rechazo de la medida cautelar durante la feria judicial.

El caso fue presentado por una mujer que buscaba revertir los aumentos en la cuota mensual del servicio de medicina prepaga y declarar la inconstitucionalidad de ciertos artículos de un decreto emitido por el Poder Ejecutivo Nacional en diciembre del año anterior.

En su argumento, la mujer consideró que los aumentos eran contrarios al artículo 42 de la Constitución Nacional y que se encontraba en una situación de desamparo, especialmente debido a su estado de salud.

La afiliada lleva aproximadamente una década en la prepaga y necesita un tratamiento médico constante debido a problemas de salud crónicos, por lo cual tiene un certificado de discapacidad.

Durante 2023, la prepaga aumentó progresivamente su arancel de cobertura, pero según la denunciante, los aumentos fueron exorbitantes, pasando de $88.700 en diciembre a $210.670 en enero y $338.565 en febrero. Esto llevó a la mujer a afirmar que se estaba infringiendo una serie de derechos constitucionales y garantías.

En su resolución, el juez Martín destacó que "se encuentra comprometido el derecho a la salud" y resaltó la importancia de evaluar la gravedad del estado de salud y los daños irreparables que podrían surgir. Además, criticó la falta de control por parte de las autoridades nacionales en materia de salud, ya que el DNU 70/2023 derogó normativas que requerían la autorización previa de la Superintendencia de Servicios de Salud para los aumentos en el sector.

El juez también señaló que la conducta empresarial en cuestión era contraria al principio de buena fe en la ejecución de los contratos y podía afectar los derechos constitucionales de los consumidores y usuarios del servicio de medicina prepaga. En este sentido, remarcó que los consumidores tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, así como a un trato equitativo y digno, según lo establecido en la Constitución.