Bullrich deberá responder si el protocolo antipiquetes cumple con las normas de DDHH

Tras la brutal represión desplegada por el gobierno de Javier Milei la semana pasada, el juez federal Sebastián Casanello le exigió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responder en un plazo de 72 horas si el protocolo antipiquetes cumple con las normas internacionales de los organismo de Derechos Humanos. Ocho juzgados y una cámara se habían declarado incompetentes.

De esta manera, el titular del Juzgado Federal y Criminal nº 7 admitió analizar la legalidad del protocolo de Bullrich en la causa impulsada por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el FIT Unidad, a través de la diputada porteña Cele Fierro junto a la apoderada partidaria Mariana Chiacchio.

Al respecto, Fierro afirmó: “Tras deambular 50 días por ocho juzgados y una cámara, de los fueros electorales, contencioso y penal, por fin un juez acepta nuestra causa contra el protocolo represivo, que iniciamos el 18 de diciembre como ‘acción declarativa de inconstitucionalidad”. 

Y agregó: “Casanello la caratuló como hábeas corpus y le ordenó a la ministra Patricia Bullrich informar en 72 horas los antecedentes de su protocolo, dictámenes jurídicos previos, consultas, si se adecúa a las normas internacionales de derechos humanos, actos complementarios, denuncias sobre su aplicación y si respondió a las críticas de los relatores especiales de la ONU. Es un primer paso positivo y espero que cuanto antes el juez suspenda el protocolo y lo declare inconstitucional”.

Por su parte, el dirigente del MST, Alejandro Bodart, expresó: “Ese protocolo represivo es una muestra más del régimen político totalitario que pretende imponer el gobierno de Javier Milei, que con total hipocresía repite el latiguillo “viva la libertad, carajo” pero intenta avasallar todos los derechos sociales y democráticos vigentes en nuestro país”. 

Y sumó: “Es una ofensiva gravísima, un estado de sitio de hecho que ilegaliza el derecho a la protesta social, le da vía libre a la represión policial y que ningún sector que se considere democrático debería dejar pasar. Por eso vamos a seguir convocando a la más amplia unidad para frenar el protocolo, junto a la ley ómnibus y el DNU que están en danza en el Congreso”. 

“En ese sentido, reclamamos que la CGT y las CTA llamen a un nuevo paro nacional activo. No es tiempo de siestas, sino de unir fuerzas para pararle la mano a este avanzada de ajuste y represión”, cerró.