Lucas González: Las irregularidades y encubrimientos del caso

El futbolista de Barracas Central de 17 años, Lucas González, fue asesinado en una persecución policial, hasta el momento injustificada, que terminó con un disparó que impactó en la cabeza del joven.

La columna encabezada por el abogado penalista Gonzalo Escaray, desarrolló las principales irregularidades que llevaron a judicializar el caso y poner como imputados a tres efectivos policiales que actualmente corren riesgo de ser condenados a cadena perpetua. 

El adolescente volvía de entrenar junto con tres compañeros ante lo que decidieron frenar a comprar unas gaseosas, según relataron los tres sobrevivientes. El testimonio policial indicó que esa actividad fue asociada con una posible maniobra de compra/venta de estupefacientes, por el cual se comenzó una persecución. 

Los efectivos policiales se encontraban en ese momento en su rol de personal civil, por lo que el auto en cuestión no estaba identificado ni contaba con la patente. Pensando que podría tratarse de un posible robo, los futbolistas comenzaron a huir hasta que los funcionarios de seguridad dispararon abiertamente impactando una de las balas en la cabeza de Lucas González.

Acto seguido, no solo el personal policial sino que peritos y forenses comenzaron a intervenir y levantar la evidencia, mientras se realizaba el correspondiente informe: “Hubo una persecución a delincuentes y uno de ellos se encuentra abatido”. También expresaron que en la parte trasera del auto de las víctimas encontraron un arma, aunque esto se desmintió después. 

Los tres compañeros de Lucas Gonzalez que se presentaron en carácter de testigos relataron los sucesos, y efectivamente, eran completamente dispares a los que manifestaron las fuerzas de seguridad implicadas. 

Los jóvenes amigos de Lucas Gonzalez testificaron que no tenían ningún arma, que el vehículo jamás se identificó y que comenzaron inesperadamente a los tiros cuando ellos no habían realizado ninguna actividad sospechosa. Allí comienza a investigarse la aparición de esa arma de fuego y la alteración de pruebas para plantear un escenario de persecución legítimo. 

Tras las correspondientes averiguaciones, actualmente se encuentran imputados tres policías por homicidio, Gabriel Alejandro Issasi, Fabián Andrés López y Juan José Nieva, además de otros once funcionarios por encubrimiento, tortura y falsedad ideológica. 

“El término de tortura se atribuye porque instantaneamente comenzaron a apretarlos e insultarlos diciendoles que eran unos chorros”, explicó el abogado Escaray, y la falsedad ideológica porque se presentó la correspondiente acta de procedimiento, pero con información falsa, es decir, mintieron en un documento público. 

Desde las querellas no solo se plantea una acción penal por homicidio, sino que se encontraron cuatro agravantes que deberán probarse durante el transcurso del juicio de Lucas Gonzalez: 

1. La condición de funcionarios policiales que agrava el homicidio. 
2. El concurso premeditado de dos o más personas
3. La existencia de odio racial ante los insultos y prejuicios. “Son unos negros de mierda que vinieron a robar”, dijeron los oficiales según el testimonio de las víctimas. 
4. Alevosía. 

¿Qué pasó con el arma que encontraron en el vehículo donde estaba Lucas Gonzalez?

Resulta que en medio del juicio uno de los imputados se quiebra, y tras explicar que estaba guardando silencio por miedo a la seguridad de su familia, pidió ampliar su declaración respecto al homicidio de Lucas Gonzalez.

Allí manifestó que en un momento del hecho donde se estaban levantando las pruebas, llegan dos oficiales en moto y traen un arma del cofre de la comisaría, y posteriormente, un subcomisario da la orden de que se implante en la escena del crimen. Automáticamente se inicia la investigación que corroboró la presencia de los sospechosos por geolocalización, se los detiene, y se desarrollará un juicio aparte por encubrimiento del delito. 

Tras una breve interrupción del juicio por una urgencia de la defensa, el próximo 22 de junio se realizará el pedido de la pena. Según pidió la querella, los imputados deberían obtener cadena perpetua, aunque primero deberá saberse si la fiscalía mantiene la calificación legal del homicidio por los cuatro agravantes mencionados anteriormente. 

Sin embargo, si la defensa logra demostrar que hubo un aviso de alto o alguna manifestación que indique que podría haberse estado cometiendo un delito por parte de Lucas Gonzales y sus compañeros, la calificación podría ser considerada como un exceso de función, cuya calificación es delito culposo y va de 1 a 5 años de prisión. 

Por su parte, es muy probable que el imputado que declaró en colaboración con la plantación de evidencia ilegítima, el arma de fuego, además de manifestarse arrepentido, logre obtener algún tipo de beneficio en su defensa y así acercarse más al mínimo de condena.