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Fiscal bajo la lupa por presunto armado de causas

Es acusado por mal desempeñado de sus funciones, y sospechado por lavado de activos de orígenes desconocidos. Además, aseguran que llegó a utilizar la tarjeta de crédito de uno de los detenidos.

Fiscal bajo la lupa por presunto armado de causas

Se trata de Carlos Arribas, fiscal de la UFI Nº 12 de La Matanza, quien se encuentra acusado de encabezar el armado de causas contra una familia de contadores e, incluso, de utilizar la tarjeta de crédito de uno de los detenidos.

La denuncia fue presentada ante la secretaría permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires por el abogado Fernando Sicilia, quien denunció judicialmente a Arribas y solicitó el juicio político del magistrado.

El comienzo de la causa data de febrero de 2020 cuando el mencionado juez solicitó el allanamiento y la detención de cuatro personas imputadas en una causa por presuntas estafas. El principal apuntado, el contador Gerardo Ambrosio Boidi, se dio a la fuga, mientras que su hijo, Alejandro Gerardo Boidi, fue detenido.

Los Boidi eran acusados de mantener una deuda millonaria con un acreedor que reclamaba el pago, quien presentó una denuncia en su contra en la Fiscalía de Arribas pero sin ningún tipo de documentación respaldatoria, ni recibos ni contratos, sólo un mail impreso que le bastó al magistrado para ordenar el posterior allanamiento.

El mencionado acreedor devenido en denunciante resultaba ser Marcelo Germinario, vicepresidente del Fuero de Menores y secretario General de la Asociación de Magistrados de La Matanza, de vínculo directo con Arribas. Sumado a esto, Germinario nunca había declarado el dinero que denunció que le debían, por lo que también podría ser investigado por lavado de activos.

Según precisa Sicilia en su denuncia, el juez denunciado habría utilizado incluso la tarjeta de crédito del apresado en reiteradas ocasiones. Además, el abogado defensor de los Boidi agrega que ingresaron a sus computadoras y a los teléfonos celulares sin orden judicial, también con el objetivo de realizar compras en el Apple Store.

Tras varios pedidos de eximición de prisión para el detenido que fueron siempre denegados, Arribas giró la causa a su compañera de dependencia, Karina Licalzi, que tampoco tomó intervención y la elevó a Fiscalía General.

La jefa de los fiscales de La Matanza, Patricia Ochoa, giró la causa a la Procuración para que intervenga otra dependencia, dado que no había forma de que la investigación siga en La Matanza.

Así, el expediente recayó en el fiscal Álvaro Garganta, quien pidió el inmediato cese del arresto y la nulidad del requerimiento ante la “notable deficiencia de la imputación y el pedido de detención” hecho por Arribas.

Tras esto, Sicilia comenzó a solicitar el juicio político hacia el polémico juez, además de la nulidad de la denuncia por carecer de pruebas fehacientes.

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