Guernica: mañana se cumple el plazo para el desalojo
La toma en Guernica, municipio de Presidente Perón, lleva aproximadamente dos meses. Este miércoles se cumple el plazo que la Cámara Penal de La Plata fijó para el desalojo de las 2.500 familias que ocuparon las tierras.
Los principales actores involucrados en la toma esperan reunirse con el magistrado para llegar a un acuerdo. Desde el Ministerio de Seguridad declararon que abrieron el diálogo para “cumplir con la obligación de velar por las familias y los niños”, pero que “la orden de desalojo se mantiene”.
En comunicación con Radio La Plata (FM 90.9); Yamila, vecina del lugar y delegada general de recuperación de tierras en Guernica señaló que “en el predio somos muchas familias que quedamos sin trabajo y sin poder pagar un alquiler. Desde el primer día sufrimos hostigamiento policial y se han generado distintas confrontaciones”.
Las tierras en cuestión pertenecen a cuatro barrios: 20 de julio, San Martín, La Lucha y La Unión. Lo que antes era un descampado de casi 100 hectáreas, ahora es un incipiente barrio popular rodeado de zanjones para evitar que los patrulleros de la Policía Bonaerense entren a hostigar y reprimir a las familias.
“Supuestamente las tierras eran propiedad del Estado, ahora dicen que son de una Sociedad Anónima, aunque no hay documentos legales que demuestren validéz” cuestionó Yamila. Es que, según versiones oficiales, la parcela más extensa pertenece a El Bellaco SA, que comenzó con la construcción de un complejo de barrios privados en el sitio.
“Lo que estamos viviendo no se lo deseo a nadie. No tenemos servicios y para conseguir agua tenemos que caminar aproximadamente 5 cuadras. Tenemos necesidades, lo visualizamos e intentamos hablar con quien corresponde para resolver la situación, las familias quieren un pedazo de tierra donde poder vivir” sostuvo la delegada.
La toma en Guernica refleja las consecuencias del colapso habitacional estructural, y el impacto económico y social de la pandemia en quienes hasta hace pocos meses alquilaban. Se trata de una problemática social, que en estos días resolverá la justicia penal, porque las familias están acusadas de usurpación.
“Pensar un ideal de cara al desalojo que se producirá en 24 horas es muy difícil. Si el desalojo no se lleva a cabo, espero que nos permitan ingresar una chapa para darles una especie de techos a los chicos” expresó Yamila.
Por su parte, el equipo de Desarrollo de la Comunidad especula con poder postergar el desalojo. “Las propuestas alternativas implican una elaboración lenta. El fallo permite que, si hay conversaciones, se prorrogue el desalojo” manifestó un vocero de Andrés Larroque, titular de Desarrollo de la Comunidad.
Con un proceso penal en curso, y ante la amenaza de ser imputados, sufrir violencia o quedarse en la calle; las organizaciones presentes en Guernica plantearon, en una audiencia que se dio ayer, que se revise la medida del desalojo. Además, señalaron que el ámbito penal no es el adecuado para un tema que requiere de una solución política.
En tanto a cómo se manejan entre las distintas familias afectadas, Yamila contó que “tratamos de organizarnos desde la asamblea” y destacó que “la solidaridad de los vecinos que nos rodean es enorme, son ellos quienes nos proveen de agua”.
