Se tensa la relación con trabajadores municipales despedidos al inicio de la cuarentena
Empleados despedidos hace más de 70 días, pertenecientes a la línea 147 de la Municipalidad de La Plata, realizaron en el día de ayer una olla popular frente al Edificio Inteligente Municipal, ubicado en 532 y 199 en reclamo de la reincorporación de 47 trabajadores.
Los despidos ocurrieron el 20 de marzo pasado, y el SOEMLP señaló que se dictaron “de manera arbitraria, sin justificación alguna, y de forma informal por vía telefónica en el mismo momento que comenzaba la primer etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio”.
En este marco, José Moreno, secretario gremial sindicato de obreros y empleados municipales FESIMUBO sostuvo en diálogo con Radio La Plata (FM90.9) que la lucha comenzó hace 70 días, momento en que “la municipalidad decidió no dejar trabajar a los compañeros”.
Según explicó, se trata de 47 personas que componen “todo el servicio de la línea 147 de todos los turnos”. Sucede que el municipio a cargo del Intendente Julio Garro “sacó a todo el servicio que estaba funcionando”.
En este punto tomó la frase del presidente Alberto Fernández al momento en que estableció por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia la prohibición de despidos. “Es de miserable despedir gene en esta situación y la municipalidad decidió despedir a todos”.
Desde el sindicato “hemos intentando hablar con ellos, hicimos denuncias al ministerio de Trabajo que realizó audiencias y la Municipalidad no se presentó y no acató la conciliación obligatoria”, comentó Moreno. Asimismo, cabe resaltar que el Tribunal de Trabajo Nº5 de La Plata dictaminó que los 47 trabajadores cesanteados de la Línea de atención 147, debían ser reincorporados. Además la Justicia Laboral resolvió que debían ser abonados los salarios correspondientes desde la fecha de despido.
Como si fuera poco, el secretario gremial adelantó que llevaron la problemática a la Justicia a través de un amparo, por lo que “estamos esperando una respuesta que aparentemente sería positiva con el objetivo de que los compañeros vuelvan a sus puestos de trabajo”.
Asimismo, su abogado “pidió que se multe al municipio por la falta de acatamiento al Decreto Nacional”. Esto generaría un déficit económico millonario para Julio Garro quien debería entregarle al menos “30 mil pesos a cada empleado despedido arbitrariamente”.
La situación es crítica, “estos compañeros se quedaron sin trabajo en un momento más que especial por la falta de empleos”. Según explicó Moreno, los despedidos “son personal altamente calificado. Tienen un conocimiento amplio de todas las cuestiones municipales”. Al tiempo en que resaltó que “como todos los call center, estaban explotados” ya que “tenían contratos precarios y no ganaban más de $12.000”, números muy por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil.
