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19 octubre, 2021

Revés para Vidal: se trabó la designación de Torres como juez supremo

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La Corte bonaerense detectó irregularidades en el domicilio de Sergio Torres y su juramento en el máximo tribunal se bloqueó.

Pese a que el pliego fue aprobado por unanimidad en el Senado bonaerense, este miércoles la Suprema Corte de Justicia inició un sumario administrativo y bloqueó el juramento de Sergio Torres como juez del máximo tribunal.

La traba del acto de juramento se inició producto de una denuncia realizada por el ex juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias. El también precandidato a intendente de La Plata aseguró ante la Fiscalía de Cámara que la designación de Torres incurre en los delitos de nombramiento ilegal de funcionarios y falsedad ideológica.

Uno de los requisitos explícitos en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, en su artículo 181, sostiene que para ingresar al Poder Judicial debe justificarse dos años de residencia inmediata en la Provincia”. Justamente su designación como ministro de la Corte sería violatorio de este apartado.

En esa línea, después de la denuncia de Arias, el máximo tribunal bonaerense ordenó un informe ambiental y la verificación del domicilio de Torres, que aparentemente no está radicado en territorio bonaerense y sí en la Capital Federal. Incluso el Colegio de Abogados de La Plata impugnó la postulación en los últimos días de marzo, pero no evitó el ingreso de su pliego al Senado.

También podés ver: “Con el aval del Colegio de Magistrados, Torres busca su lugar en la Corte Suprema”

Fuentes del Colegio aseguraron que el domicilio que asentó Torres en el territorio, en el momento en el que el abogado presentó los datos era un terreno con una obra en construcción.

Más allá de la presunta irregularidad, el otro dato que circula con fuerza es que el ministro de Justicia Gustavo Ferrari habría presionado al actual presidente de la Corte Eduardo Pettigiani, argumentando similitud con la situación del Julio Conte Grand antes de asumir como procurador general en 2016, pero la máxima autoridad judicial desestimó el pedido del ministro argumentando que “es otro momento” político.

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