“¿Llenar la Provincia de universidades públicas, cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad?”. Todos sabemos… ¿quiénes saben? El gobierno nacional, a través de los dichos de la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires -María Eugenia Vidal- insiste en desprestigiar a la universidad pública y a quienes orgullosamente formamos parte de ella. Hacer pasar por interés general (“todos sabemos”) el interés particular: esto es el ejercicio de la hegemonía. La Alianza Cambiemos, cuyo objetivo prioritario es convertir en mercancía todo lo que toca, tiene un plan de mercantilización para la educación superior. Pero se encuentra con un pueblo dispuesto a luchar por el derecho a la universidad pública.

En pocos días celebraremos el centenario de la Reforma Universitaria y la Alianza Cambiemos no cesa en su campaña de descrédito, para instalar en la agenda de debate el cuestionamiento al derecho a la educación. Este martes 5 de junio, el diario La Nación, conjuntamente con Infobae, publicaron un estudio (¡otra vez!) de la Universidad de Belgrano que sostiene que solo 30 de cada 100 estudiantes universitarios logran terminar sus carreras. El ataque de estos medios de desinformación contra la Universidad Pública –en sintonía con el desfinanciamiento (recorte de 3 mil millones de pesos en infraestructura, restricciones de las becas Pro.gres.ar, salarios devaluadísimos para las y los docentes, etc.) – ya no nos sorprende, pues toma por tontos a los lectores y lectoras, presentando datos sesgados y conclusiones falaces. Dice la nota: “En Brasil, esta proporción llega a 50; en Chile, a 60, y en México, son más de 60 los estudiantes que cumplen con el sueño de obtener su diploma. Un poco más lejos, tanto en el mapa como en los resultados académicos alcanzados, figuran países como Japón, donde nueve de cada diez estudiantes concluyen sus carreras de grado y donde el porcentaje general de alumnos que concluyen la universidad con éxito es del 80%.”.

El estudio citado atribuye la responsabilidad de este “bajo número” a las “las falencias del colegio secundario” haciendo uso de un lugar común a la hora de criticar, de plano, todo el sistema de enseñanza pública de nuestro país. El responsable de este estudio, Alieto Guadagni, muestra las cartas de cuál es la forma de aumentar el número de graduación: que aquellos que necesitan más ayuda para transitar exitosamente la educación universitaria ni siquiera entren, y sean dejados fuera con un examen de ingreso. En total sintonía con los dichos de la gobernadora, el objetivo es que los sectores populares dejen de formar parte de la comunidad universitaria y de acceder al sistema público de educación superior. Está claro propósito: configurar circuitos “para pobres” de universidades privadas, con menor calidad académica y sin ningún sentido social.

A fines del año 2016, el asesor del PRO, Alejandro Rozitchner, dijo sin ponerse colorado que “el pensamiento crítico es un valor negativo”. Este elemento es clave para comprender no solo el millonario negocio que podría significar un proceso de privatización de la universidad pública, sino el ataque contra aquello que producimos quienes transitamos por las Universidades Nacionales, independientemente de la finalización de los estudios.

En la Universidad pública circulan debates políticos, académicos, formas de extensión con los territorios de emplazamiento de las casas de estudio, que implican el acceso a la cultura y al conocimiento científico-tecnológico, más allá de la lógica eficientista de la graduación. El pensamiento crítico, es decir la herramienta básica de producción de conocimiento, camina por los pasillos de las facultades. Esto no significa que no sea imprescindible la inversión estatal para garantizar el derecho al acceso, la permanencia y el egreso de las y los estudiantes universitarios, pero definitivamente no radica solo en los títulos la importancia de la Universidad pública.

La lógica de la eficiencia, propia del management empresarial que expresa la CEOcracia que nos gobierna, nos propone otra falacia: una relación lineal entre la titulación y la calidad de los puestos de trabajo. En un contexto de despidos y de intento de flexibilizar aún más las condiciones de trabajo (reforma laboral mediante), que el gobierno nacional se preocupe por la titulación, no hace más que evidenciar que el mercado de trabajo no se regula a partir de los títulos otorgados y que la zanahoria de los títulos universitarios no mejora la calidad del trabajo, sino que abre las puertas a un fabuloso negocio.

Luego de los dichos de la gobernadora, miles de compañeras y compañeros difundieron a través de las redes sociales sus propias experiencias como primera generación de estudiantes universitarios. Lo que contaban no era tanto la posibilidad de “tener un mejor trabajo”, sino de acceder a un conocimiento más rico y diverso, a un proceso de enseñanza y aprendizaje que otorga herramientas de cuestionamiento, por ejemplo, contra el cinismo de la gobernadora o la vergonzosa operación de la prensa.

A 100 años de la Reforma Universitaria, y cuando el año que viene se cumplirán 70 años del decreto de gratuidad de la educación superior, el proyecto del gobierno nacional y de las universidades privadas -como la de Belgrano- reproducidas por los principales medios hegemónicos sobre la educación superior sólo corre el eje acerca de cuál debe ser la función del Estado a la hora de garantizar el derecho. Este es el espíritu de la declaración de la Conferencia Regional para la Educación Superior (CRES) realizada en Cartagena de Indias en 2008, donde se definió a la misma como un derecho humano universal, un bien público y social y un deber del Estado. Esta declaración es la que defenderemos en Córdoba la próxima semana, en el Encuentro Latinoamericano por una Universidad Democrática y Popular, en la víspera de una nueva CRES, que se producirá en un contexto de ajuste y represión en casi toda Nuestra América.

El rol de las universidades públicas y los procesos de desarrollo, soberanía y emancipación van estrechamente de la mano. Hoy más que nunca tenemos que fortalecer estos debates, abriendo mucho más las puertas de nuestras universidades, defendiendo el ingreso irrestricto, la gratuidad y la autonomía, en pos de la construcción de una alternativa política popular al macrismo.

 

Ernesto García; estudiante avanzado de Filosofía, UNLP. Militante de Liberación-Corriente de Universidad, Ciencia y Tecnología
Nuria Ginger; Investigadora Adjunta de CONICET/Docente de la UBA. Militante de Liberación-Corriente de Universidad, Ciencia y Tecnología