La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, promulgó la nueva ley que establece los honorarios que pueden percibir los abogados y procuradores en juicios, gestiones administrativas, actuaciones extrajudiciales y trámites de mediación, que modificó la forma de calcular la medida en la que se liquidan.

La norma establece que será “nulo todo pacto o convenio que tienda a reducir las proporciones establecidas en el arancel fijado por la nueva norma, así como toda renuncia anticipada total o parcial de los honorarios”.

La ley determina que el “Ius”, que es la unidad de honorario profesional, será del 1% del sueldo que percibe un juez de primera instancia por todo concepto y con 12 años de antigüedad, con lo que modificó la forma del cálculo actual.

El decreto de veto incide en los honorarios regulados en procesos donde el Estado sea parte. La ley de la Legislatura consignaba que si estaban a cargo de terceros eran propiedad del profesional. La gobernadora fundó el veto en las normas que rigen a la Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno bonaerense y la labor en esos órganos.

De acuerdo a la Gobernadora, las situaciones profesionales entre los que trabajan del Estado y son “distintas con las tareas del profesional independiente, que se halla sometido a otros avatares y sin los auxilios y relevamientos de responsabilidad que tienen los profesionales que actúan representando al Estado”.