La reforma de la norma que envió la gobernadora María Eugenia Vidal al Senado para su aprobación, además contempla arrestos en caso de acoso callejero y obstrucción de la vía pública.

Uno de los elementos que más llama la atención es la incorporación de sanciones ante el impedimento de la prestación del servicio de educación que, en contexto, estaría destinada a las personas que realicen llamados por amenazas de bomba para evitar la actividad educativa. Según datos aportados por la Dirección de Cultura y Educación, van 938 amenazas en lo que va del año.

Lo propuesta también tiene contemplados castigos para aquellos que induzcan a los niños a mendigar, los que abandonen animales domésticos, hagan ruidos molestos en la calle y proporcionen alcohol a menores.

El Código Contravencional que se intenta modificar fue promulgado en 1973 y fue ajustado más de 20 veces. El nuevo Código, elaborado por el ministerio de Justicia, pretende adaptarse a necesidades de nuestro tiempo.

En esta misma línea, la norma deroga como sanción la mera ebriedad y dormir en parques, plazas o debajo de puentes.

En la modalidad de sanciones, a parte del arresto, la multa y la clausura, se sumaría la figura de realización de trabajos de “utilidad pública” en entidades del estado.